Un juez de control de garantías en Colombia dictó medida de aseguramiento este jueves contra los siete soldados implicados el acto de violación contra una niña indígena de 12 años de la comunidad Embera Katío.

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En la audiencia de imputación de cargos, los militares fueron acusados de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Tras declararse culpables, el juez ordenó que queden recluidos en una guarnición militar.

La investigación de la Fiscalía permitió esclarecer que seis de los militares cometieron el atroz hecho, sucedido en el resguardo Gito Dokabú, corregimiento Santa Cecilia, municipio Pueblo Rico, departamento de Risaralda (noroeste de Bogotá), mientras que el otro uniformado participó en calidad de cómplice.

De acuerdo con el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, los acusados se exponen a una pena que puede ir desde los 16 hasta los 30 años de cárcel.

Al cometer la violación, los efectivos se subordinaban al batallón de alta montaña en Génova (departamento de Quindío) y prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo, ubicado en Pereira, cabecera departamental de Risaralda.

Horas antes de la audiencia, el gobernador Indígena del Resguardo Unificado de Pueblo Rico Juna de Dios Queragrama, denunció ante los medios  que uno de los soldados ofreció dinero a un familiar de la niña abusada para evitar que el caso fuera conocido.

La niña había sido trasladada a una institución de salud de Pereira para recibir atención especializada. Hasta esa ciudad llegó este jueves la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, para acompañar a la menor y a su familia.

Este caso ha levantado una ola de indignación en todo el país y numerosas personalidades y organizaciones han reclamado que no quede impune.