La relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Fionnuala Ní Aoláin, presentó este martes un informe obre prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la llamada lucha contra el terrorismo, encabezada desde 2001 por Estados Unidos.

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El texto ilustra lo que llama "el abyecto fracaso en la implementación de las recomendaciones de (un) Estudio (de 2010) con consecuencias trágicas y profundas para las personas que fueron sistemáticamente, torturadas, entregadas a través de las fronteras, detenidas arbitrariamente y privadas de sus derechos más fundamentales".

Sobre la base y complementando el trabajo del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, este informe exige, de acuerdo a Ní Aoláin, que la rendición de cuentas, la reparación y la transparencia sean implementadas por los Estados responsables de estas graves violaciones de derechos humanos. 

La falta de implementación de las recomendaciones de 2010 del propio Consejo de DD.HH. ha permitido y facilitado las continuas violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo, denunció la relatora especial. 

En este tiempo se han desarrollado nuevas modalidades de transferencia a través de las fronteras, eludiendo las protecciones legales requeridas, incluida la no devolución; la detención masiva sin proceso legal ha sido normalizada por ciertos Estados; y la excepcionalidad en los juicios por cargos de terrorismo sigue arraigada.

El informe critica, en particular a Estados Unidos, pues recuerda que "la práctica del waterboarding (ahogamiento simulado) estaba legalmente justificada y se practicaba brutalmente en sitios negros controlados por Estados Unidos. Los detenidos fueron colocados en estructuras similares a ataúdes o cajas cerradas durante largos períodos de tiempo para inducir miedo, claustrofobia y dolor físico".

El Estudio documenta las acciones de numerosos países que colaboraron con el gobierno de los Estados Unidos para permitir la captura de personas (detención por representación), albergaron cárceles secretas (sitios negros), interrogaron a personas a pedido y, en ocasiones, con la supervisión de personal estadounidense, habilitaron traslados encubiertos de prisioneros (entregas) a través de sus aeropuertos y fronteras, facilitaron asistencia médica y operativa de otro tipo, y encubrieron las violaciones que habían tenido lugar en su territorio al negarse a compartir o divulgar información relacionada con la detención, desaparición y tortura. Los actores privados también fueron cómplices de la entrega y la tortura. 

La responsabilidad por la comisión de violaciones graves del derecho internacional sigue siendo responsabilidad de los Estados en cuyo territorio se cometieron las violaciones, recuerda el informe.