ONU condena ejecución a activistas en Myanmar
El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Myanmar pidió ayuda para detener las vejaciones a los DD.HH. en el país.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Myanmar, Tom Andrews, rechazó este lunes la ejecución de cuatro prisioneros juzgados por la junta militar que mantiene el poder en el país asiático.
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"Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación” denunció el representante de la ONU en su cuenta de twitter.
Las víctimas fueron el antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw, el activista Ko Jimmy, ambos acusados de terrorismo, y otros dos individuos, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de presunto asesinato a una mujer que colaboraba con las fuerzas militares.
I'm devastated by news that former parliamentarian Zeyar Thaw and longtime activist Ko Jimmy were executed with two others today. UN Member States must honor their lives by making this depraved act a turning point for the world's response to this crisis. My statement attached. pic.twitter.com/zhdBxFDXoo
— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) July 25, 2022
Tom Andrews señaló, basado en informes publicados, que ninguna de las víctimas tuvo acceso a la asesoría de un abogado, una clara demostración de violación de los derechos humanos.
Desde el golpe de Estado en Myanmar en febrero del 2021, el régimen militar ejecuta "asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados contra pueblos enteros y, ahora, la ejecución de líderes de la oposición", denunció.
Este proceder obedece a un dictamen militar que retomó en junio la aplicación de la pena capital, algo que recibió el rechazo de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros miembros de la comunidad internacional.
El diplomático pidió la ayuda de la comunidad para evitar las consecuencias a escala humanitaria de la actual crisis económica, política y social del país, donde los enfrentamientos entre milicias civiles exacerban la violencia.
“Los Estados miembros de la ONU deben honrar sus vidas haciendo de este acto depravado un punto de inflexión para la respuesta mundial a esta crisis”, solicitó Andrews.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), en el país se ha condenado a muerte a unas 113 personas desde el mandato de la junta militar anterior que gobernó entre 1962 y 2011. La última ejecución tuvo lugar en 1988.