El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, capital de Nicaragua, magistrado Octavio Rothschuh, informó este jueves sobre la deportación de 222 personas sentenciadas por incitar a la violencia, al terrorismo, así como cometer actos que menoscaban la independencia.

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El magistrado leyó el comunicado que precisa, cumpliendo con la resolución dictada el pasado 8 de febrero, que "se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional".

Además, indicó que las personas deportadas también fueron declaradas traidores a la patria y "sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua".

El magistrado acotó que, para el momento de la lectura del comunicado, estas personas ya se encontraban en Estados Unidos (EE.UU.) y que "así damos por concluida la sentencia de deportación".

Por su parte, la Asamblea Nacional de Nicaragua informó que fue aprobada en primer legislatura la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.

En un comunicado, el ente precisó que la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua "incorpora que los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".

Igualmente, detalló que la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense establece que "la autoridad judicial es la instancia competente para aplicar la presente ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral".

Al respecto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó que "nuestro Estado, nuestro Gobierno, nuestro Poder Judicial, nuestro Parlamento, a nombre de la familia nicaragüense y del interés supremo de esta patria nuestra bendita y libre, ha decidido realizar la expatriación y el traslado de las personas que fueron juzgadas, sentenciadas por atentados contra la soberanía nacional".

"Esta decisión soberana del Estado nicaragüense se ha tomado en ese interés supremo de nuestra patria de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz, de vivir como hijos e hijas que aman a Nicaragua", enfatizó.