La crisis política generada por el golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Myanmar no da visos de ceder en su intensidad y este viernes trasciende la acusación contra Aung San Suu Kyi y una asesora australiana ​​de violar la ley de secretos oficiales, nuevos cortes en el acceso a internet y los pronunciamientos de la ONU sobre la situación del país.

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La junta militar amplió el cierre de internet la víspera lo cual provocó que el jueves por la noche, antes de las nuevas restricciones, las personas se apresuraran a compartir enlaces a canales de radio y aplicaciones de comunicación que funcionan sin conexión. En las calles, los manifestantes realizaron una vigilia, usando velas para deletrear las palabras "Nunca nos rendiremos".

El acceso a internet ya había sido restringido por la junta militar y se ha impuesto un cierre más amplio todas las noches durante casi 50 días. Los nuevos recortes afectan la banda ancha inalámbrica, aunque los servicios de fibra todavía parecen estar funcionando.

Entretanto, el jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU "expresó su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación" en Myanmar. En un comunicado, "condenó enérgicamente el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos y la muerte de cientos de civiles, incluidos mujeres y niños".

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, acusó a los militares de "el asesinato desenfrenado de personas inocentes, incluidos niños", al anunciar sanciones contra uno de los conglomerados militares más grandes, la Corporación Económica de Myanmar (MEC). Reino Unido también dijo que contribuiría con 700.000 dólares a los esfuerzos del consejo de seguridad de la ONU para documentar graves violaciones de derechos humanos en Myanmar.

Por su parte, la lideresa Aung San Suu Kyi, fue acusada de violar una ley de secretos oficiales de la era colonial, el cargo más grave presentado hasta ahora en su contra, por el cual puede ser condenada a una pena de prisión de hasta 14 años. La nueva acusación se produce un día después que Suu Kyi compareciera por enlace de video en el tribunal en relación con cargos anteriores.

Fue arrestada el 1 de febrero cuando los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Alegan que las elecciones generales del año pasado, en las que la gobernante Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi ganó por abrumadora mayoría, fueron fraudulentas.