Los movimientos de Trabajadores sin Tierra y sin Techo (MST) de Brasil, exigieron este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) prorroguen la vigencia de una orden judicial que ampara la suspensión de los desalojos urbanos y rurales durante la pandemia de Covid-19, la cual vence el 30 de junio próximo.

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Una carta pública, el MST recuerda que no solo en Brasil, sino "en todo el mundo, millones de personas corren el riesgo de perder sus hogares y sus medios de supervivencia debido a las decisiones de desalojo, que violan el derecho básico de todo ser humano a la vivienda". 

De acuerdo a la petición, el desalojo es un problema grave porque "en Brasil: tener tecnología, trabajar, comer y vivir es un privilegio de clase (ya que) las condiciones de vida se deterioran drásticamente para los más pobres" y cerca de 6 millones de personas están sin casas, porque el déficit habitacional es elevado, según apunta el Estudio de la Fundação João Pinheiro.

Al llamar la atención del STF, recuerdan que Brasil se enfrenta actualmente a una cuarta ola de Covid-19, con un gran aumento del número de nuevos casos, derivados de las nuevas subvariantes de Ómicron, lo cual viene aparejado de un empeoramiento de las condiciones económicas en Brasil, lo que ha provocado un agravamiento social entre los más vulnerables.

Denuncian que si la orden judicial, conocida como ADPF 828, no se prorroga, hasta el fin del actual año alrededor de 123.000 familias de zonas urbanas y 30.000 de zonas rurales de Brasil serán desalojadas y estarán expuestas a varias violaciones de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vivienda y a la alimentación. 

En ese sentido, recuerdan que muchas de las zonas en riesgo de desalojo son territorios consolidados por las sucesivas ocupaciones de territorios: las familias viven allí desde hace más de 10 años, tienen casas de material, escuelas, centros de salud, producción de alimentos e incluso tienen cooperativas que venden productos al mercado brasileño e internacional.

Solicitan no solo la prórroga de la prohibición de desalojos, sino que se trabaje, junto con los demás órganos del Estado y de la sociedad brasileña, por la única solución posible para las áreas de ocupación rural y urbana consolidada: la desapropiación de las tierras en beneficio de estas familias.

La ADPF 828 fue presentada inicialmente en mayo de 2021 por el Partido Socialismo y Libertad y el STF determinó la suspensión de los desalojos urbanos y rurales hasta el 3 de diciembre, y con fuerte movilización de la sociedad, este plazo se extendió hasta el 31 de marzo de 2022 y luego hasta el 30 de junio.