Movimiento social denuncia que siguen los desahucios en España
Los vacíos de un decreto ley aprobado en diciembre, mantienen a muchos inquilinos en situación de vulnerabilidad.
La Asamblea de Vivienda de Carabanchel (uno de los 21 distritos de Madrid) denunció este jueves, ante medios locales, que en España se siguen ejecutando desahucios pese a que existe un real decreto ley que los prohíbe.
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Integrantes de este movimiento social expresaron a la prensa que los vacíos de esta norma jurídica dejan a miles de familias desprotegidas y con riesgos de quedar en la calle.
Asimismo, manifestaron que, ante esos vacíos, diariamente son las organizaciones sociales y vecinales, como la Asamblea de Vivienda, las que intentan hacer efectivo que ningún vecino quede a la intemperie.
En diciembre pasado, el Gobierno ordenó la paralización de los desahucios a través de un real decreto ley. Ese acto gubernamental estuvo precedido de presiones al Ejecutivo por partidos que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez.
Hoy tenemos más cosas que contaros��
— Vivienda Carabanchel (@VVCarabanchel) November 3, 2020
Como que el bloque de Rascón está con la Asamblea de Vivienda de Carabanchel ��
Organizándose contra quien quiere echarles: la Sareb. Y ya son 5 bloques en Carabanchel en lucha contra la Sareb��@404comunicacionpic.twitter.com/wf1ePklXwy
Sin embargo, los movimientos sociales denuncian que miles de familias permanecen en una situación vulnerable.
"El real decreto ley (…) solo cubre algunos tipos de desahucios, en concreto aquellos de ocupación de vivienda, algunos otros por impago de alquiler, el de familias en situación de vulnerabilidad reconocidas por servicios sociales y, al mismo tiempo, de aquellas personas que no tenga algún tipo de alternativa habitacional", declaró un miembro de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel, Daniel Vega.
El activista refirió que en ocasiones los inquilinos quedan desamparados porque los funcionarios de Servicios Sociales les ofrecen un albergue (que no tiene iguales condiciones que una vivienda) y luego consideran que disponen de una alternativa habitacional.
Vega reclamó al Gobierno que no basta con que se ofrezca una alternativa, pues a su juicio también hay que considerar si se trata de una alternativa justa y digna, acotó.