La Delegación Argentina de Solidaridad con Bolivia presentó este martes a la prensa sus conclusiones preliminares en las que denuncia cómo el Gobierno de facto ha cometido violaciones a los derechos humanos de la población, tras el golpe de Estado contra el presidente legítimo Evo Morales. 

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Gobierno de facto en Bolivia responsable de delitos de lesa humanidad

El equipo multidisciplinario, conformado por abogados, académicos, estudiantes y defensores de derechos humanos, aseguró en su reporte que en el país se constatan múltiples violaciones que se "encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad".

"Hemos constatado que el sistema represivo montado por el Gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas", asevera el documento presentado en Buenos Aires (capital de Argentina).

Basados en pruebas y testimonios recogidos durante los últimos días, tras entrevistar a más de un centenar de personas, los especialistas detallaron que entre los delitos perpetrados está la persecución de dirigentes, violaciones, desapariciones forzadas, torturas, confección de listas negras, negación del derecho a la defensa y represión de manifestaciones.

Asimismo, ataques contra gobernantes, persecución selectiva a dirigentes de movimientos sociales, inacción y encubrimiento del Poder Judicial, restricción manifiesta de la libertad de prensa, promoción del racismo, los discursos de odio y hostigamiento policial.

El informe destaca dos masacres registradas en las ciudades de Cochabamba, con al menos seis muertos, y Ciudad del Alto, con "al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas".

"Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas", añade el documento presentado durante esta jornada.

Por otra parte, aseguraron que las fuerzas militares y policiales cuenta con la complicidad del Poder Judicial, "sometido al Gobierno de facto", lo que genera que "víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales, como condición para poder ser atendidos".

La comitiva federal, con integrantes de varias provincias de Argentina, partió de Buenos Aires hacia La Paz el 28 de noviembre y regresó el pasado domingo.

Nos solidarizamos con la delegación argentina que sufrió agravios del gobierno de facto en #Bolivia. https://t.co/BluakCswlR

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 29, 2019

"Nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales", relata el escrito.          

Igualmente, declararon la imposibilidad de realizar la totalidad de las actividades programadas, debido a “las amenazas explícitas del ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo y "el accionar de grupos de choque civiles".