El Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, anunció que acatará la decisión de la Sala de lo Constitucional que le impide convocar a una sesión extraordinaria del Legislativo para aprobar la negociación de un préstamo por 109 millones de dólares destinados a un plan de seguridad. 

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A través de un comunicado, emitido la madrugada de este martes, la Presidencia de El Salvador aseguró que el Ejecutivo "se ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes". No obstante, el pasado domingo, Bukele ordenó la militarización de la sede legislativa y amenazó con una insurrección popular si los diputados no accedían a su demanda. 

En el reciente texto el Gobierno salvadoreño señala que, aunque no comparte la decisión de la corte, acatará la decisión de suspender la convocatoria. 

Agrega que las medidas cautelares "podrían dificultar el efectivo trabajo" del Gobierno, que ha presionado para la celebración de la sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa, pese a que la mayoría de los diputados advierten que este no es el mecanismo constitucional para ese proceso.