México redujo a la mitad las violaciones de DD.HH. en 2021
Los estados de México y Jalisco acumulan la mayor cantidad de hechos presuntamente violatorios de los DD.HH. en ese país.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) de México publicó un informe en el cual asegura que en ese país se cometieron unos 143.619 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos durante 2021, lo que representa una reducción del 45.9 por ciento respecto al ejercicio anterior.
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De acuerdo con los datos aportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), esta es la cifra más baja desde que se comenzó a llevar la estadística en 2016.
La Ciudad de México y el estado de Jalisco son los dos territorios del país con más incidencias denunciadas ante las organizaciones humanitarias.
���� Hoy salió el Censo Nacional de Derechos Humanos 2022 de @INEGI_INFORMA �� https://t.co/lgpcJivIWt
— Stephanie Brewer (@stephanie_wola) December 9, 2022
Entre otros datos, la detención arbitraria aparece entre los 5 principales hechos presuntamente violatorios tanto en hombres (ocupando el 1º lugar) como en mujeres �� pic.twitter.com/9CLhvMPH21
Entre ambos suman el 33 por ciento de los hechos, con 29.130 y 16.861, respectivamente.
El mayor número de quejas ante las autoridades se refiere a la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, con el 13 por ciento de los eventos, la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos y las detenciones arbitrarias, especialmente entre las mujeres.
INEGI INFORMA - @INEGI_INFORMA
— Edmundo Berumen (@EdmundoBerumen) December 9, 2022
Al cierre de 2021, el personal adscrito a instituciones de Derechos Humanos fue de 6,023 personas.
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Asimismo, las recomendaciones emitidas por la CNDH y los OPDH ante tales hechos en 2021 llevaron a la sanción de 573 servidoras y servidores públicos, un aumento de 17.2 por ciento respecto de 2020.
En cuanto a los empleadores de las y los servidores públicos sancionados, resaltan la Procuraduría General de Justicia (Fiscalía General) y las instituciones de seguridad pública.