El Gobierno de México presentó este martes ante la Corte de Distrito de Massachusetts, Estados Unidos (EE.UU.), sus argumentos sobre la demanda contra 11 empresas productoras, distribuidoras y vendedoras de armas por actuación negligente, al permitir que lleguen a grupos criminales y se utilicen en hechos de violencia en el país.

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A través de su cuenta en la red social Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, informó que el consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, y un equipo de juristas, expuso los alegatos orales sobre el litigio.

El canciller destacó que la demanda de México, interpuesta el 4 de agosto de 2021 y por 10.000 millones de dólares, ha sido apoyada incluso por fiscales e instituciones de EE.UU.

Por su parte, Celorio Alcántara explicó que “este litigio demuestra que el Gobierno de México tiene la sofisticación necesaria para encontrar formas de atender un tema en el que nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas”.

Además, detalló que el sistema judicial estadounidense contempla que Gobiernos o empresas extranjeras puedan presentar demandas en EE.UU. contra compañías de ese país.

Ahora corresponde que el juez federal a cargo del caso evalúe los argumentos de las partes junto con los presentados en la demanda, contestación y defensas, réplica y contrarréplica, así como en los siete escritos de amigos de la Corte, y que se determine si el juicio puede continuar a su siguiente etapa.

Según el funcionario, cada año llega a México, desde EE.UU., casi medio millón de armas de esas empresas, responsables de fabricar el 68 por ciento de ellas; y acotó que entre el 70 y el 90 por ciento son traficadas ilícitamente.

Asimismo, precisó que a través de información pública y otras vías, esas corporaciones saben que sus armas son utilizadas por grupos criminales y no actúan para remediarlo, por lo cual su negligencia facilita su exportación ilegal hacia México.

El consultor jurídico afirmó que este tráfico incumple leyes mexicanas, de ahí que ese país se sienta en el deber de demandar a esos conglomerados; y cuestionó que dichas empresas no dispongan de mecanismos de monitoreo para identificar el uso que se da a esas armas, usadas para realizar asesinatos, extorsiones y secuestros.