Gobierno de México excarcelará a presos víctimas de tortura y en condiciones vulnerables
El decreto presidencial también beneficiará a privados de libertad acusados por delitos catalogados como no graves.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó este jueves que su Gobierno prevé aprobar un decreto para excarcelar a detenidos víctimas de tortura y sectores en condiciones de vulnerabilidad.
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El decreto planteará el beneficio para internos acusados de delitos catalogados por la Justicia como no graves, así como quienes sean mayores de 75 años de edad, que tras diez años en prisión no hayan sido sentenciados, con la opción de prisión domiciliaria.
“Los que hayan sido torturados y se pruebe, con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, van a ser liberados, de cualquier delito, de cualquier edad”, subrayó el mandatario López Obrador.
Tenemos esperanza en un futuro digno y mejor para todas y todos. Conferencia matutina. https://t.co/vQ3lWr8eu0
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 29, 2021
Medios locales reseñaron que el total de posibles beneficiados por el decreto presidencial sería un estimado de 12.358 personas. La Secretaría de Gobernación conformará el decreto, el cual permitirá que la liberación se produzca en septiembre próximo.
Según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 43 por ciento de la población penitenciaria no ha recibido sentencia y la mayoría de quienes están en esta situación fueron acusadas de delitos del fuero común.
En la conferencia matutina anuncié que presentaremos al presidente @lopezobrador_ un decreto sobre las personas privadas de su libertad que no hayan cometido delitos graves. Son alrededor del 43 por ciento que siguen en prisión preventiva. 1/3 pic.twitter.com/8YumRbLkrN
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) July 29, 2021
De un total de 220.114 privados de libertad, 125.567 ya tienen una sentencia y 95.547 aún no la reciben; de este último grupo, 87.189 son del fuero común.
El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación de la tortura y otros procedimientos degradantes, que fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999 y proporciona herramientas para que especialistas puedan determinar estos hechos.