La Cámara de Diputados de México aprobó este viernes una amplia reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) con el fin de combatir la corrupción y el nepotismo, pero la relevancia de la medida se vio eclipsada en los medios debido a una polémica por la extensión del cargo del Presidente de la Corte Suprema del país.

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Si bien las medidas de la reforma buscan "elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos y todas", la Cámara de Diputados aprueba su dictamen reglamentario con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones. Gran parte del debate político se centró en la constitucionalidad de extender el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, impulsor de la reforma.

Un artículo transitorio amplía el cargo de Zaldívar hasta 2024, dos años después de la conclusión de su período en 2022, pero aclara que el propósito es lograr la implementación de las medidas por parte de la persona a cargo al momento de ponerlas en vigor.

El propio magistrado se pronunció al respecto de la decisión en un comunicado, tras originarse debates entre abogados de la oposición que reclamaron por supuesta inconstitucionalidad.

En el texto, el juez elogia la envergadura de la reforma, aclara que no participó en la elaboración del artículo transitorio, y señala la vía legal para emitir cualquier demanda necesaria. También enfatiza que ejercerá su cargo y estará a disposición de la Suprema Corte de Justicia respecto al precepto en cuestión. “Seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi vida”, afirma el ministro.

El propio jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al debate suscitado en el país por la decisión, destacando la necesidad de cambios en el poder judicial de la nación.

En su habitual intervención matutina el mandatario afirmó que si el ministro Zaldívar  encabeza estos cambios, "hay posibilidades de que se avance en ese sentido " y calificó el estado actual del sistema judicial mexicano como “una decadencia” necesitada de procesos transformadores.

El sistema judicial de México se halla sumido en un estado de corrupción criticado arduamente por el presidente de la nación desde su campaña electoral. Es común en el país que jueces, y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia vendan sus fallos.