Detención de Lula en el contexto social y electoral de Brasil
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se presentó este sábado ante la Policía Federal tras participar en una multitudinaria manifestación en su apoyo en el Sindicato de los Metalúrgicos, Sao Paulo.
Lula fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Curitiba, Paraná, para acatar la orden dictada por el magistrado Sérgio Moro, que fue emitida tras el rechazo del Supremo Tribunal Federal (STF) a la solicitud de habeas corpus (recurso para permanecer en libertad mientras continúa el proceso judicial).
El dirigente sindical enfrenta una condena de 12 años y un mes de prisión por el supuesto delito de corrupción, lo que Lula ha señalado como maniobra política de la derecha con el fin de impedir que llegue a la Presidencia de Brasil.
¿En qué contexto se da la detención de Lula da Silva en Brasil?
"No es casual que la persecución contra Lula se enmarca en un contexto de retroceso de los proyectos progresistas en América Latina mediante los cuales se atajaron años de marginación y pobreza", aseveró en un comunicado el Partido de Comunista de España (PCE).
La derecha en América Latina ha recobrado fuerzas recientemente tras un periodo de gobiernos progresistas, que se encargaron de recuperar los recursos y las riquezas naturales de sus países, para el beneficio de los pueblos con educación, salud y vivienda.
En Argentina y Brasil nuevamente gobiernan élites de la derecha, por la vía de procesos electorales, como en Argentina, o por la activación de golpes en contra de la institucionalidad, como en Brasil, Paraguay y Honduras.
El presidente de facto, Michel Temer, tomó el poder en Brasil en 2016 tras un golpe parlamentario a la mandataria electa Dilma Rousseff, cuyo proceso judicial, al igual que el de Lula, estuvo ligado a irregularidades y falta de pruebas concretas.
Temer trajo consigo ajustes, privatizaciones, reducción de los derechos de los trabajadores, aumento de la desocupación y represión a la protesta social.
La reforma laboral de Temer es ampliamente rechazada por los trabajadores brasileños porque aumenta la informalidad, el subempleo, las desigualdades sociales y de la pobreza.
Entre los puntos más polémicos de la reforma laboral están: Ampliar la jornada de trabajo de 8 horas a 12 horas diarias, reducir el tiempo de descanso y comida de una hora a 30 minutos, el empleado debe estar a disposición del empleador, las vacanciones se podrán fragmentar en tres partes, solo tendrán acceso a la justicia laboral quienes ganen hasta 508 dólares mensuales, no se cobrarán horas extras ni bonos adicionales por trabajo nocturno.
Las elecciones presidenciales
Las acciones de la "justicia" brasileña se dan en un momento en el que Lula lidera todas las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.
En los últimos meses, el nivel de popularidad de Lula se mantuvo. Los abogados del exmandatario señalan que el juicio a Lula obedece a intereses políticos que buscan impedir su candidatura a las elecciones.
El Partido de los Trabajadores (PT) anunció el 5 de abril que seguirá defendiendo la candidatura de Lula en todas las instancias judiciales de Brasil.
"El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula, el candidato de la esperanza. El PT defenderá su candidatura en las calles y en todas las instancias", aseveró el PT en un comunicado.
"La experiencia política de la oposición a Lula en las últimas elecciones fue la derrota electoral y la perspectiva para las próximas elecciones también es la derrota, entonces han descubierto un nuevo método de lucha política, desplazando la campaña electoral en las calles a la la Justicia Federal”, aseveró el docente de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), Juarez Cirino.
¿De qué lo acusan?
Lula es acusado de supuestamente haber recibido un apartamento de lujo en un balneario de la ciudad de Sao Paulo a cambio de favorecer los contratos de la constructora OAS en Petrobras. El supuesto soborno fue valorado en 2,4 millones de reales (750.000 dólares).
Además, se le culpa de negociar un soborno de 12 millones de reales para comprar un terreno con el fin de levantar ahí el instituto que divulga su legado. Aunque la transferencia de dinero no se llevó a cabo, la fiscalía afirma que el delito sí se consumó, pues, según la Fiscalía, él aceptó el soborno.
La Fiscalía también ha tildado al Partido de los Trabajadores, del cual es fundador el exmandatario, de organización delictiva implicada en corrupción y lavado de dinero.
Los abogados de Lula advierten que el magistrado Sérgio Moro no logra señalar cuál sería el acto de oficio, de corrupción pasiva, practicado por el exmandatario a favor de la constructora OAS.
Asimismo, la investigación nunca logró probar que el expresidente tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida.