Expresidente de Guatemala es trasladado a tribunales
En las últimas horas, fueron trasladados el expresidente guatemalteco Álvaro Colom y los exintegrantes de su gabinete de Gobierno, quienes fueron capturados la semana pasada por el caso corrupción del Transurbano.
El exmandatario aseguró a su llegada al juzgado, que el proyecto del Transurbano "no eran solo buses y molinetes", sino que se pretendía buscar "una solución al transporte urbano y modernizar el sistema de transporte y transparentar el subsidio".
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Entre los detenidos están quienes fueran sus exministros:
Juan Alberto Fuentes, de Finanzas Públicas; Salvador Gándara Gaitán, de Gobernación; Ana Francisca Ordóñez, de Educación; Abraham Valenzuela, de Defensa Nacional; Edgar Alfredo Rodríguez, de Trabajo y Prevención Social; Óscar Velásquez, de Economía; Celso Cerezo, de Salud; Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes, Luis Alberto Ferraté, de Ambiente y Alfredo Pokus, de Energía y Minas
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), argumentó que Colom intervino personal e institucionalmente para la aprobación de un acuerdo que permitió una operación millonaria con la compra de buses procedentes de Brasil.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntaron a que los funcionarios involucrados evadieron los procedimientos establecidos por la Ley de compras y contrataciones del Estado para la aprobación de 35 millones de dólares
Igualmente, se omitieron procedimientos como remitir el proyecto de implementación del sistema prepago a la Secretaría General de Planificación, consultar a la Municipalidad de Guatemala del desarrollo del proyecto y solicitar el visto bueno sobre las negociaciones a la Procuraduría General de la Nación.
#CasoTransUrbano "Era un programa para salvar vidas. No fue un proceso de un día de gabinete, hubieron muchas reuniones", dice Álvaro Colom. Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/Rzaaiwzz60
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) 23 de febrero de 2018
Las acciones contra Álvaro Colom se encuentran enmarcadas en la supuesta lucha contra la corrupción que han impulsado varios gobiernos latinoamericanos con el apoyo de Estados Unidos y que se ha visto en el juicio político a Dilma Rousseff, la persecución judicial en Argentina a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus exfuncionarios.