Una jornada de paro laboral de los funcionarios públicos brasileños de todos los niveles (desde el municipal hasta el federal) tiene lugar este miércoles como reacción a una propuesta de reforma administrativa de Gobierno de Jair Bolsonaro, en discusión en el poder Legislativo.

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En concreto, la movilización es contra la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 32 de la Reforma Administrativa, un punto central de la agenda económica del Gobierno de Bolsonaro. 

A juicio de las Centrales Sindicales, el PEC 32, además de comprometer servicios esenciales a la población, acentúa las propuestas de reducción del Estado y ejemplifican, en ese sentido, las privatizaciones de Correios (empresa de correos brasileña) y Eletrobrás.

Y ello sucede cuando en Brasil sigue vigente una legislación aprobada durante la administración de Michel Temer (2016-2019) y mantenida por Bolsonaro, la cual congela las inversiones públicas en diferentes sectores. 

Sin embargo, el director ejecutivo de la Central Única dos Trabalhadores (CUT), Pedro Armengol, reclama que los parlamentarios, la legislatura, los magistrados, los fiscales, el Ministerio Público, no están incluidos en la propuesta de la reforma.

La huelga general está marcada por asambleas en el lugar de trabajo, paros laborales, desfiles, además de acciones en las redes sociales. 

De igual manera, la jornada se incluye en el calendario de la Campaña Fora Bolsonaro, encargada de convocar manifestaciones como la que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre.