El fiscal peruano Pablo Sánchez anunció este martes el inicio de las investigaciones a los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes fueron acusados por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias, tras las acusaciones realizadas por Moisés Mamani, quien presentó una serie de videos en el que se evidenciaba la presunta compra de votos por parte de los legisladores.

Según el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, el Ministerio Público "dispone la investigación preparatoria y remite una copia para que la Corte Suprema defina a un juez superior que hará de juez de investigación preparatoria por la prerrogativa que tiene".

El artículo 397 del Código Penal de ese país establece que "el funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años".

Por su parte, el artículo 400 indica que "el que, invocando influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".

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En marzo pasado, el procurador anticorrupción de la nación suramericana, Amado Enco, solicitó al fiscal Sánchez, abrir una investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública en modalidad de cohecho activo por parte de Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo y los congresistas Ramírez y Bocángel.

Como pruebas del caso, el procurador entregó la transcripción de 11 videos en los que se observa que los congresistas Fujimori, Ramírez y Bocángel intentaron convencer al fujimorista Mamani, de ser parte del Gobierno a cambio de obras del Estado, y de que votara contra el pedido de vacancia presidencial contra Kuczynski.