La Conferencia Episcopal de Honduras criticó a la clase política del país, denunciando la infiltración del narcotráfico en todas las instituciones de la nación centroameriana, y reclamó que el nuevo Código Penal no entre en vigor como está previsto el próximo mes de noviembre.

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"La lacra del narcotráfico es una realidad sostenida por hombres sin escrúpulos que ha permeado a las instituciones del país y deteriorado la imagen de la nación centroamericana", indicó la jerarquía de la iglesia católica hondureña en un comunicado.

"Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos", ha lamentado la Iglesia hondureña.

Según los obispos, de buena parte de ello "son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo". 

También han acusado a los políticos de "ignorar directamente al pueblo, hablar en su nombre y terminar haciendo pactos que en nada benefician al mismo pueblo".

Los obispos se refirieron al narcotráfico en el marco del juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras a los miembros de la Iglesia Católica y personas de buena voluntad.

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— Jose Valladares (@Josev6) October 15, 2019

En el juicio, que se inició el 2 de octubre pasado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, varios narcotraficantes confesaron que el actual presidente y expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Hernández, respectivamente, recibieron sobornos para financiar sus campañas políticas.

En el juicio de Tony Hernández, se develó además la construcción de una plataforma al interior del Estado para poner en marcha las actividades del narcotráfico y crimen organizado en general.

También lamentan la entrada en vigor del nuevo Código Penal y que se haya hecho caso omiso a los reclamos de muchas instituciones, “a las que también nos sumamos nosotros, para que su entrada en vigencia no se lleve a cabo”, apunta el comunicado.

El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, vulnera el derecho a la libre expresión, a la protesta y otros derechos fundamentales y beneficia los delitos relacionados al narcotráfico y a la corrupción.