Los hondureños conmemoran este viernes el séptimo aniversario del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y mantienen el reclamo de llevar ante los tribunales a los autores intelectuales del crimen, que conmocionó a la sociedad de la nación centroamericana.

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En 2016, Cáceres, una lideresa indígena lenca, era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en las tierras ancestrales de la comunidad lenca.

Alrededor de la medianoche del 2 y los primeros minutos del 3 de marzo de ese año, hombres armados ingresaron a la casa de Cáceres, en la ciudad de La Esperanza, en el suroccidente de Honduras, y terminaron con la vida de la ambientalista.

¿Qué avances existen en este caso?

Ocho personas fueron detenidas y juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la casa de la dirigente del Copinh en el momento del feminicidio.

Durante el juicio de 2018 se estableció que Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El poder Judicial hondureño concluyó que el asesinato fue ordenado por ejecutivos de la compañía Desarrollo Energéticos (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, debido a los retrasos y pérdidas económicas que suponían las protestas de los ecologistas, y contrataron a un grupo de sicarios para llevar a cabo el crimen.

En noviembre de 2018, fueron hallados culpables como coautores materiales, y condenados a penas individuales superiores a los 30 años de cárcel, siete hombres por el asesinato: Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo (que eran parte de DESA), Mariano Díaz y Henry Hernández (que trabajaban con Bustillo), Edwin Rapalo, Edilson Duarte y Óscar Torres. 

Emerson Duarte, el octavo acusado, fue declarado inocente y puesto en libertad.

También en el año 2018 fue capturado el gerente de la empresa DESA, David Castillo, quien fue acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.

El 5 de julio de 2021, Castillo fue encontrado culpable de ser coautor del asesinato de Cáceres. 

Casi un año después, el 20 de junio de 2022, la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Tegucigalpa sentenció al exmilitar Roberto Castillo a una pena de 22 años y seis meses de privación de libertad, por demostrarse su coautoría intelectual en el homicidio de la ambientalista.

El Ministerio Público había pedido una condena de 25 años de prisión para Castillo, mientras que la defensa solicitó 20 años.

No obstante, el Copinh insiste que hasta ahora se han capturado y juzgado únicamente a los autores materiales del crimen, por lo que mantiene su exigencia de buscar y llevar ante los tribunales de justicia a los autores intelectuales del asesinato de su coordinadora.