El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este jueves que su estado planea comenzar a transportar lo que llamó inmigrantes ilegales a la capital, Washington D. C., en autobuses de pasajeros, porque dijo estar harto de que el Gobierno federal libere a los migrantes en pequeños pueblos de Texas.

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Abbott fue más allá en sus declaraciones y dijo que planea dejar a los migrantes cerca de los escalones del Capitolio de EE.UU., dichos correspondientes con los del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien comentó que también planeaba enviar inmigrantes a lo que llamó estados santuario como Delaware.

Esto ocurre después de que el presidente Joe Biden anunciara que el gobierno federal levantaría una orden de salud pública impuesta por Donald Trump, la cual impedía que la mayoría de los solicitantes de asilo cruzaran la frontera entre EE.UU. y México durante la pandemia de Covid-19.

Conocida como Título 42, la orden condujo a la expulsión de 1,7 millones de inmigrantes durante casi dos años, por lo cual se espera que en los próximos meses se incremente el arribo de migrantes de la región latinoamericana.

Abbott expresó que ayudará a las comunidades que son abrumadas por hordas de inmigrantes ilegales a quienes, según él, los dejó ahí la administración de Biden: “Texas proporcionará autobuses de pasajeros para enviar a estos inmigrantes ilegales... a Washington D. C.”, aseveró Abbott.

A finales del mes anterior, trascendió una denuncia sobre la falsedad de los éxitos de los cuales presume el gobernador Abbott, en su Operación Estrella Solitaria de seguridad fronteriza, atribuyéndole arrestos que no estaban conectados en realidad con ese esfuerzo.

La investigación de las organizaciones periodísticas ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project señaló cómo Abbott ha falseado los datos de la operación, que ha desplegado miles de agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado y miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México.

De acuerdo con la pesquisa, la operación Estrella Solitaria lanzada en marzo de 2021 ha contribuido a inflar el presupuesto del estado para la seguridad fronteriza a más de 3.000 millones de dólares hasta 2023 con el despliegue policial-militar y la asignación de fondos para la construcción de barreras en la frontera.