Macri habilita el ingreso de residuos peligrosos a la Argentina
Los especialistas no descartan que el decreto de Macri responda a presiones de Estados Unidos para que Argentina reciba sus desechos.
A través del decreto 591/2019, el presidente argentino Mauricio Macri flexibilizó las condiciones para importar residuos y habilitó la posibilidad que ingresen al país desechos peligrosos.
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Además de las consecuencias ambientales y sanitarias los especialistas también advirtieron respecto a las económicas, no sólo porque afectará a los trabajadores del reciclado, uno de los sectores más vulnerables de la economía, sino también porque la basura ingresará como “insumos”, de modo que la Argentina pagará por ellos.
Desde que China, uno de los principales importadores de residuos del mundo, decidió en enero de 2018 endurecer las restricciones al prohibir el ingreso de 24 categorías de residuos sólidos, entre los que se incluían plásticos, papeles y textiles, Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a buscar nuevos destinos para sus desechos.
Según una investigación de The Guardian, Estados Unidos genera más de 34 millones de toneladas de residuos plásticos por año. La mitad del plástico reciclado en 2015 fueron a China y a Hong Kong, pero gran parte de lo enviado estaba contaminado y no pudo ser utilizado.
En 2017, a partir de la presión social, China impuso las restricciones que comenzaron a regir en enero de 2018. Esto obligó a la administración de Donald Trump a buscar nuevos destinos, algunos de ellos fueron Turquía, Malasia, Tailandia, Camboya, Laos, Etiopía y Kenia. Los especialistas no descartan que el decreto de Macri responda a presiones de Estados Unidos para que Argentina reciba sus desechos.
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— Sabrina Roth (@sabrina_telesur) September 7, 2019
El decreto que firmó Macri y que se publicó en el Boletín Oficial el 27 de agosto, eliminó las restricciones que imponía la normativa vigente hasta el momento, entre ellas una lista de más de 100 productos cuyo ingreso al país estaba expresamente prohibido, entre ellos desechos hospitalarios, productos con vencimiento operado y otros residuos industriales de alto valor contaminante. Pero, a su vez, suprimió la obligación de acompañar de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen que debía ser ratificado por la autoridad competente en Argentina de aquellos residuos no incluidos en ese listado.
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Según Enrique Viale, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, la eliminación del certificado de inocuidad “es una de las cosas más graves, porque dentro de los residuos reciclables es muy común en el comercio internacional que ingresen otro tipo de residuos más peligrosos o sustancias más complejas”. Y advirtió que una vez que llegan a la Argentina, en caso de corroborarse que hay productos contaminados, deben tratarse en el país
El decreto 591/2019 también habilitó cuatro instancias en las que los desechos de otros países pueden ingresar a la Argentina. El texto publicado en el Boletín Oficial habilita el ingreso de residuos cuando la sustancia u objeto se utilice para fines específicos; cuando exista un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto; cuando la sustancia u objeto satisfaga los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y cumpla la legislación existente y las normas aplicables al producto; y que el uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el ambiente o la salud --esto último de difícil corroboración ya que se eliminó el requerimiento de presentar el certificado de inocuidad--. Esto implica que los residuos ya no entrarían como basura sino como insumos, motivo por el cual no sólo se permitirá la importación de desechos que podrían ser peligrosos sino que también se pagará por ellos.
Según Leonel Mingo, integrante del área de Campañas de Greenpeace Andino, “además de importar residuos peligrosos, Argentina va a pagar millones de dólares para entrarla al país. El gobierno lo quiere vender como algo positivo y es aún más nefasto porque técnicamente no va a comprar basura, va a comprar insumos porque lo van a esconder que es para abastecer a las industrias del reciclaje, motivo por el cual van a pagar un costo más elevado, porque van a estar comprando formalmente materia prima. Lo insólito es que los grandes generadores de residuos ahorran por no gestionar sus residuos y además ganan dinero con ellos. Por otro lado, países como Argentina cuyos rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto están desbordados, gastan en comprar más residuos”. Se estima que en el país hay entre 3000 y 5000 basurales a cielo abierto.
La decisión de flexibilizar las condiciones de ingreso de residuos de otros países también afectará a los trabajadores del reciclaje. Desde las cooperativas de cartoneros advirtieron que el ingreso de deshechos de otros países hará que baje drásticamente el precio de los materiales que se recuperan de la basura.
En diálogo con Página/12Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que agrupa a la mayoría de las cooperativas, advirtió que “el decreto traslada una demanda de las grandes empresas para bajar el costo de los materiales y de las grandes potencias mundiales que no saben qué hacer con su basura a la espalda de los cartoneros. En el día a día, que baje el precio de los reciclables significa que un compañero o compañera que revuelve la basura tenga menos dinero para darle de comer a sus hijos”.
La diputada nacional Gabriela Cerruti, junto a otros legisladores del Frente para la Victoria, presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de cuenta respecto a las razones por las cuales eliminó la lista de residuos prohibidos; los motivos por los cuales eliminó la necesidad de presentar el certificado de inocuidad; el impacto ambiental que tendrá la flexibilización de la importación de residuos peligrosos; el impacto económico de la medida; y la relación con los países que exportan residuos a la Argentina. Además, desde Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas presentarán un amparo para que se dicte la inconstitucionalidad del decreto firmado por el Presidente de la Nación.