Frente Amplio negociará cargos con Gobierno electo uruguayo
El espíritu del Frente Amplio “es participar en la conducción de esos entes y servicios, no solo como rol de oposición (...) sobre todo en materia propositiva".
Una delegación del Frente Amplio (FA), encabezada por su presidente, Javier Miranda, acudirá a negociar con el mandatario electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre la participación de la fuerza política en el futuro Gobierno, declaró este sábado Miranda.
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El Gobierno electo ofrece 33 cargos en pos de “la participación constructiva en la conducción de organismos estatales”, siguiendo una tradición democrática comenzada por José Mujica de proponer posiciones en institutos autónomos al principal partido perdedor.
La Mesa Nacional de la agrupación de fuerzas políticas de izquierda acordó la víspera que acompañarán a Miranda en el proceso la actual vicepresidenta del país, Lucía Topolansky, y el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila.
Sin embargo, el FA considera la oferta del Partido Nacional como desprolija y carente de reciprocidad, debido a la reducción de la participación opositora respecto a la concedida por el actual presidente, Tabaré Vázquez, y a la falta de espacios reservados en entes que durante los últimos 15 años fueron escenario de importantes realizaciones económicas y sociales.
Entre estas instituciones, sin acceso para el Frente Amplio de acuerdo con la propuesta, se cuentan el Banco de Previsión Social, Administraciones de Servicios de Salud Pública y Educación, la empresa de telecomunicaciones Antel, el Instituto de Colonización agraria y la Comisión Conjunta sobre el río Uruguay.
Asimismo, varios dirigentes frenteamplistas reprocharon que Lacalle Pou haya incluido en el listado cargos cuya negociación se realiza en el Parlamento, como es el caso de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, cuya integración se estila definir en la Asamblea General, mediante un acuerdo político.
Desde la coalición política progresista sostuvieron que su espíritu “es participar en la conducción de esos entes y servicios, no solo como rol de oposición a partir del 1 de marzo en materia de contralor y fiscalización democrática, pero sobre todo en materia propositiva”.
La próxima semana se prevé una negociación tensa en la que Miranda aspira a “dialogar sobre las bases para que esta sea una participación efectiva de la oposición como es tradicional en la historia del país”.