La Fiscalía de Brasil acusó formalmente el lunes a 39 sospechosos vinculados a los disturbios contra las sedes gubernamentales el pasado 8 de enero, cuando partidarios bolsonaristas intentaron derrocar el gobierno de Lula da Silva.

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El ente brasileño precisó que los acusados deberán responder por seis delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio nacional.

El vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, elevó la querella a petición del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

Asimismo, el funcionario solicitó la prisión preventiva de los encartados "para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho", señaló en un comunicado del Ministerio Público.

También se gestionó el bloqueo de bienes por un total de 40 millones de reales (unos 7.7 millones de dólares) para reparar el daño "tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva", y la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en los casos correspondientes.

Por la invasión de espacios del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia en las que se destruyó propiedad del Estado y se hizo un llamado a la desobediencia pública hay ya abiertas siete investigaciones, reseñaron medios locales.

En las inquisitorias están incluidas unos 1.800 detenidos, aunque una tercera parte fue liberada por “razones humanitarias” y responderá al proceso judicial en libertad.