La Fiscalía alemana pidió este martes la extradición a España del expresidente de la Generalidad catalana, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos tras la realización del referendo independentista del 1 de octubre.

El acusado permanece en prisión, ya que la Audiencia Territorial de Schleswig considera que existe riesgo de fuga.

Según el organismo, las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.

Sin embargo, en su primer recurso al Tribunal Supremo de España, Puigdemont sostuvo que durante la celebración del referendo independentista del 1 de octubre no existió ningún tipo de violencia que justifique la acusación de rebelión que pesa sobre él y otros líderes.

Los procesados alegan en este recurso que promover un proceso independentista, "es plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia", al tiempo que especifican que "por violencia no cabe entender las manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños en el marco de las referidas manifestaciones". 

Puigdemont fue detenido el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llanera del Tribunal Supremo español.

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El expresidente trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde hace cinco meses, luego de una visita de dos días a Finlandia, tras haber ofrecido una conferencia.

Durante su estancia en la cárcel, el expresidente de la Generalidad catalana recibió la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.