Un tribunal de Quito, Ecuador, revisa este lunes las medidas cautelares impuestas contra la prefecta de la provincia Pichincha, Paola Pabón, quien asegura se trata de otro hecho de persecución política por parte del Gobierno de Lenín Moreno.

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Prefecta ecuatoriana reitera denuncia de persecución política

La verificación acontece en el contexto del caso Rebelión, a petición del juez provincial Alberto Santillán. El letrado se basó en un informe según el cual la acusada solicitaría asilo en la Embajada de México en Ecuador, e incumpliría con las medidas hasta ahora ordenadas contra ella.

De acuerdo con la prefecta, los jueces de la Fiscalía “están recibiendo presiones del Gobierno de Lenín Moreno, y por ello no actúan conforme al derecho, sino conforme a los intereses electorales y políticos del Ejecutivo”.

Durante la jornada podrían ratificarse las medidas hasta ahora impuestas, que incluían el uso de un grillete electrónico y su presentación periódica ante las autoridades competentes.

Sin embargo, este lunes se evalúa si debería asumir prisión preventiva, un hecho que los expertos califican como improcedente ante la ausencia de pruebas que demuestren que Pabón tiene intenciones de asilarse o violó los requisitos impuestos por la justicia.

Por su parte, el Consejo Provincial de Pichincha manifestó este domingo su rechazo a la posibilidad de encarcelamiento de Paola Pabón. Asimismo, la semana pasada el total de prefectos de Ecuador expresó su respaldo a la líder en un documento en el que se rechazó cualquier acción en su contra.