Los Gobiernos de Portugal y España, por separado, se opusieron en las últimas horas a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas, en medio de la crisis energética que vive el continente, y anunciaron que no van a pedir a sus empresas y a sus ciudadanos que reduzcan el consumo de gas en momentos en que la sequía y los incendios están haciendo estragos en la península Ibérica.

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La decisión de España y Portugal llega en un momento en el cual, a pesar del aumento de las importaciones de Noruega, Azerbaiyán y Argelia, y de la triplicación de los envíos de gas natural licuado de Estados Unidos desde marzo, los europeos están preocupados por las bajas reservas del combustible de cara al invierno.

La Unión Europea pidió este miércoles a sus países miembros que reduzcan su consumo de gas en un 15 por ciento hasta marzo del año que viene, como una medida de urgencia, después de las controversia sobre el suministro de gas a Europa en el contexto de la guerra en Ucrania y las medidas coercitivas adoptadas por Bruselas contra Moscú.

Sin embargo, para Portugal y España esta medida no es, dijeron, ni justa ni eficaz. Madrid, a través de una de las vicepresidentas del Gobierno, Teresa Ribera, dijo que "España no apoya esta propuesta" al tiempo que lamentó que este plan no fuera debatido previamente.

Ribera dijo, en ese sentido: "Las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria española".

Portugal se pronunció en el mismo sentido y de acuerdo al secretario de Estado de Energía, Joao Galamba, esta medida limitaría la producción de electricidad por centrales de gas en momentos en los que su país se ve confrontado a una sequía extrema.

Galamba criticó que la propuesta de la Unión Europea no tiene en cuenta las necesidades en energía hidroeléctrica de España y Portugal. “Es desproporcionada e insostenible” porque implicaría cortes de corriente, subrayó.

En las últimas horas, por diversos motivos, Polonia, Hungría y Grecia se opusieron también a la propuesta de la Comisión Europea. Medios de prensa señalan que, no obstante, Bruselas podría forzar la aprobación y posterior aplicación de la medida.