Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, habrían fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la vigencia del régimen de excepción, implementada por el Gobierno de Nayib Bukele, según él para "combatir' a las pandillas", denunció este lunes una organización no gubernamental local.

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La organización Cristosal en un informe presentado este lunes explica durante la presentación que es la primera vez, a través de una investigación, que "se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir bajo custodia del Estado".

De acuerdo a la denuncia, durante el año transcurrido entre el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, han sido documentadas 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. 

#InvestigaciónenDDHH | El informe sobre el primer año del régimen de excepción de Cristosal presenta la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documenta prácticas de tortura al interior de los centros penales.
➡️Pueden leerlo aquí:… pic.twitter.com/jAV55wyRNB

— Cristosal (@Cristosal) May 29, 2023

De las 139 muertes, de acuerdo con el informe, cuatro son mujeres y el 46,3 por ciento de las personas fallecidas tenían edades entre 18 y 38 años.

El informe señala que, hasta abril, el número de casos de personas fallecidas aumentó, ya que Cristosal documentó 153 casos y que hasta el viernes pasado, día 26 de mayo, "se había verificado 160 personas muertas bajo custodia estatal".

El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencias golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura, señala.

En ese mismo sentido, el informe apunta que "ahora los policías y militares [salvadoreños] son responsables del 21,7 por ciento de los desplazamientos que conoce" la organización no gubernamental.

Señaló que el 56,2 por ciento de los desplazamientos "sigue siendo cometido por las pandillas", esto "nos genera el cuestionamiento con respecto a la efectividad de esta política", en referencia al régimen de excepción.

En el informe se explica que para obtener la información, llevaron a cabo investigaciones de campo, incluidas en fosas comunes, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del Instituto de Medicina Legal (IML), así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 69.000 detenidos.