Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña denunciaron este jueves el silencio, que denominaron "cómplice", del Estado salvadoreño encabezado por el presidente Nayib Bukele, frente a las muertes de reos ocurridas en el marco del Régimen de Excepción que lleva casi tres meses en vigor.

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De acuerdo a las organizaciones sociales, entre las cuales está la Universidad Centroamericana, lo preocupante de la situación es que no hay conocimiento de que las muertes de reos estén siendo investigadas por ninguna institución gubernamental.

Desde Cristosal, una de las entidades denunciantes, "Hay omisión de las autoridades penitenciarias ante la violencia infringida, por lo que podríamos estar frente a ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. Lo grave es que no se han abierto las investigaciones respectivas para dilucidar las responsabilidades por estas muertes bajo custodia del Estado".

Explican que por permanecer bajo custodia del Estado es responsabilidad de este proteger la vida e integridad de los presos. Dijeron, asimismo, que la denuncia se debe al silencio del Ministerio Público, ya que no se ha pronunciado sobre si se investigará los casos. Tampoco lo ha hecho la Dirección General de Centros Penales.

Hasta el 22 de junio pasado, los reos fallecidos durante el régimen de excepción conocidos son 52. La causas de muertes van desde negligencias por medicamentos y enfermedades crónicas, condiciones de insalubridad, maltrato, golpizas, hasta fallecidos por la violencia que recibieron de elementos de seguridad al ser capturados.

Todas las denuncias constan en testimonios de familiares cuando denuncian que en los cuerpos que reciben hay varios golpes, pese a que la causa de muerte identificada por Medicina Legal es otra.

Entretanto, el director de acceso a la justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carrillo, dijo que "la situación es aún más grave en virtud del irrelevante papel de instancias contraloras", entre estas mencionó a la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

"Todas cooptadas o neutralizadas por el poder Ejecutivo y, por ende, incapaces de tomar las más elementales medidas para detener la producción irregular de normas, la aplicación arbitraria de estas y, menos aún, para salvaguardar derechos elementales como la vida", acusó.

El Régimen de Excepción fue impuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele a finales del mes de marzo pasado con la justificación de un presunto aumento de la criminalidad a manos de las pandillas y ha sido prorrogado dos veces por la Asamblea Legislativa.