El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, no se entregó en la mañana de este viernes a las autoridades policiales de San Francisco, California, al oeste de Estados Unidos, ante las cuales tenía mandato de presentarse para ser extraditado a su país de origen, donde habrá de enfrentar cargos penales por el supuesto delito de aceptar millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

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En la noche del jueves, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California concedió a Toledo una moción de manera parcial que suspende por 14 días su extradición a Perú. Este fallo le permitirá presentar una reconsideración ante el pleno del tribunal.

En declaraciones a medios peruanos, la procuradora para el caso Lava Jato en Perú, Silvana Carrión, explicó que tras la decisión de la Corte ya no aplica una orden emitida con anterioridad por el juez Thomas Hixon, del Distrito Norte de California, que exigía a Toledo entregarse este viernes a las autoridades para ser recluido en una cárcel hasta su extradición.

Luego de conocerse la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, el juez Hixon dejó sin efecto la detención contra Alejandro Toledo y dispuso que los alguaciles se abstengan de intervenirlo.

Carrión añadió que la defensa de Toledo solicitó que la orden de detención se modifique para que su eventual entrega sea en la corte de San José, donde reside, en lugar de la de San Francisco.

Señaló que, de acuerdo con documentos judiciales, el Departamento de Justicia de EE.UU. se opone a la apelación presentada por la defensa del exmandatario.  Por lo tanto, “la Corte va a tener que evaluar también los argumentos que ha presentado dicho ente”, al momento que la defensa presente el recurso de reconsideración, afirmó.

Toledo, de 77 años, es uno de los primeros funcionarios investigados y procesados por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, a raíz de la presunta recepción de 34 millones de dólares.

Fue detenido en 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga. Con el estallido de la pandemia de Covid-19, pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020.

En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dictaminó su detención y extradición, tras hallar pruebas suficientes que justifican esta medida, la cual fue avalada en febrero por el Departamento de Estado.