La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó este lunes en la Asamblea Nacional de Ecuador que allanamientos a las edificaciones de la Prefectura demostraron que no existen elementos que evidencien un delito de rebelión.

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Pabón, quien es prisionera política por el Gobierno de Lenín Moreno, denunció que su vida corre peligro en prisión y reiteró que en la Prefectura no existe gente que pertenezcan a grupos armados ni que se hayan sublevado en armas, “existen ciudadanos que han sido perseguidos por este régimen”, agregó.

Previo a su comparecencia en la Comisión Multipartidista del legislativo que investiga las manifestaciones de octubre contra el presidente de Ecuador, Pabón recalcó que no son parte de una rebelión, delito por el que se le acusa, junto a su asesor, Christian González y el exasambleista, Virgilio Hernández.

“Que nadie se engañe: las manifestaciones del primero al 14 de octubre fueron manifestaciones diversas y espontáneas (…) Lo que buscan es responsabilizar al Correísmo y a la prefecta electa de Pichincha, conjuntamente con Christian González y Virgilio Hernández, de un acto que no sucedió”, señaló Pabón.

Asimismo, cuestionó los pronunciamientos del jefe de Estado quien responsabilizó a cuatro miembros del partido del expresidente, Rafael Correa, "son ridículas y evidencian el odio político hacia los líderes de la oposición", apuntó.

Pabón se encuentra detenida en la cárcel de Latacunga sin sentencia, y junto a González y Hernández constituyen presos políticos, acusados por el gobierno de Moreno, tras las protestas en su contra.