Sala de Garantías de Ecuador niega traslado de Jorge Glas
El exvipresidente ecuatoriano lleva 50 días en huelga de hambre, en rechazo a su traslado a la cárcel de Latacunga y a su detención que denuncia como persecución política.
La Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi en Ecuador negó el traslado de centro penitenciario para el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel, al aprobar el Hábeas Corpus de manera parcial.
La sala judicial negó el petitorio de traslado desde el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga hacia la Cárcel 4, ubicada en Quito, capital de Ecuador, y los jueces responsables del caso alegan que la defensa no cuenta con alegatos suficientes que sustenten este cambio.
“Se precautelará y garantizará su derecho a la salud e integridad física y psicológica”, aseguran los jueces, por lo que prometen dar un cuidado constante en sus enfermedades, especialmente, a la espondilitis anquilosante juvenil con la que ha sido diagnosticado.
"Debido a esta enfermedad, su atención se la hará en el Centro de Rehabilitación del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Latacunga (IESS)”, destaca la sentencia.
Se complica, aún mas, situación de Jorge Glas, jueces negaron Habeas Corpus, señalan que el gobierno puede autorizar regreso a cárcel 4. Jueces al servicio del poder político. Sin valor para defender las leyes y las garantías constitucionales. #LibertadParaJorgeGlas
— Patricio Mery Bell (@PatricioMery) 6 de diciembre de 2018
Entretanto, por los efectos de la huelga de hambre que cumple ya en su día 50, la resolución judicial estipula que se procederá a conducirlo a un hospital de la "Red de Salud Pública, para que los médicos de especialidad, hagan un exhaustivo trabajo del cuadro clínico a fin de estabilizarlo”.
El Hábeas Corpus garantiza que el exvipresidente sea atendido y que su integridad física y psicológica sea resguardada, según rezan los estatutos de este procedimiento jurídico.
Glas debe cumplir una condena de seis años por delitos de supuesta corrupción y asociación ilícita, irregularidades ligadas a la empresa Odebrecht. No obstante, denuncian que sobre el exvicepresidente no hay pruebas de los supuestos delitos y que su condena es una persecución política.
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