La fiscal general del Estado de Ecuador, Diana Salazar Méndez, formalizó cargos penales contra el asambleísta ecuatoriano, Yofre Poma, y el prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez, por su supuesta implicación en el delito de paralización de servicio público.

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Esta formulación de cargos por parte de la Fiscalía ecuatoriana se da luego de la prisión preventiva que emitió el juez nacional, David Jacho, quien además ordenó detención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.

La sesión de diligencia judicial se desarrolló en unas siete horas, en la sede de la Corte Nacional de Justicia, donde fueron entregados y debatidos los llamados elementos de convicción para comprobar la vinculación de Poma y Chávez en el delito que se les inculpa. 

Los implicados fueron detenidos junto a otras siete personas el pasado 7 de octubre durante el desarrollo de una manifestación en las cercanías de las instalaciones de la estatal de petróleos, PetroEcuador, ubicada en Cantón Nueva Loja, en Sucumbíos.

"Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de PetroEcuador", reza el comunicado de la Fiscalía ecuatoriana. 

Denuncian detención irregular de indígenas

Organizaciones sociales y movimientos indígenas denunciaron a través de un comunicado la detención irregular de al menos 83 manifestantes aborígenes, quienes se encontraban en protesta pacífica en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. 

El comunicado detalla que este grupo de personas- integrada por mujeres, hombres y algunos adolescentes- se encuentran privados de libertad en las instalaciones del cuartel policial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional De Pomasqui, desde el pasado 8 de octubre.

"Denunciamos esta irregular detención que vulnera gravemente los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso, especialmente el derecho a que sean informados del motivo de su detención, a comunicarse con sus abogados, así como sus familiares, la prohibición de comunicación y estar detenidos en lugares no autorizados", reza el documento de denuncia. 

Tras las medidas económicas anunciadas por el primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, el pasado 3 de octubre, sectores de trabajadores, organizaciones sindicales y sociales salieron a las calles para exigir que se derogue este paquete de ajustes.