Once personas, entre dirigentes políticos, gremiales y sociales, fueron detenidos este sábado tras allanamientos realizados por la policía en la provincia de Jujuy, Argentina. 

La orden emitida por el juez Jorge Zuleta ante el pedido del fiscal Diego Cussel, acusa a los dirigentes de atentar contra la autoridad, con el agravante de poner las manos en las fuerzas intervinientes, durante su participación en la marcha del pasado 4 de abril a la Legislatura contra la apertura de sesiones legislativas a cargo del gobernador de esta entidad Gerardo Morales, la cual terminó con represión por parte de la policía. 

De acuerdo a las denuncias de familiares, algunas de las detenciones se hicieron de manera violenta, como fue el caso del dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Bruno Bienvenido Méndez, quien relató que la policía ingresó a su residencia y apuntó a sus hijos con las armas.

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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma emitió un comunicado para repudiar y condenar estas detenciones, al tiempo que denunció la violencia con la cual se realizó el proceso sin considerar la presencia de niños. 

"Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos en este salvaje operativo, al mismo tiempo que reclamamos que se termine con la persecución a quienes ejercemos el legítimo derecho a la protesta social y denunciaremos ante los organismos internacionales correspondientes", expresa el comunicado.

La CTA Autónoma acusó este acto como una "casería que ha iniciado el gobernador Gerardo Morales".

Las autoridades de esta provincia ya en el pasado han recibido acusaciones de persecución política, tal y como ocurrió con Milagro Salas, quien según numerosas organizaciones nacionales e internaciones consideraron que se debió a cuestiones políticas. 

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