Detenido jefe de AIC por torturas a testigo de caso Ayotzinapa
Ezequiel Peña es acusado de someter a varios sospechosos en el caso Ayotzinapa para que se declararan culpables de la desaparición de los 43 normalistas.
La Fiscalía General de la República (FGR) en México, informó este martes que fue detenido Ezequiel Peña Cerda, director de área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quienes se le imputa el delito de tortura contra sospechosos del caso Ayotzinapa.
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La orden de aprehensión fue emitida por el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales con residencia en el estado de Guerrero, por lo que el acusado será trasladado para ponerlo a disposición de las autoridades pertinentes.
Según la investigación ministerial, Peña Cerda y Carlos Gómez Arrieta, quien en ese entonces fungía como comandante de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, habrían ejercido este tipo de violaciones a los derechos penales contra Carlos Canto Salgo, uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Atendiendo el compromiso del presidente @lopezobrador_ con la verdad y la justicia, se realizó la firma del convenio de colaboración entre el @GobiernoMX, @SCJN y la @FGRMexico, para facilitar las indagatorias que contribuyan al esclarecimiento de los hechos del caso #Ayotzinapa. pic.twitter.com/D9kwJ6PEwV
— Gobernación (@SEGOB_mx) March 6, 2020
Bajo los mismos cargos se detuvo a Isidro Junco Barajas, encargado de la seguridad en la Cámara de Diputados en San Lázaro, así como al agente ministerial Julio Dagoberto "C" .
El pasado 5 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la FGR para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En contexto
El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, estado Guerrero (al sur de México) fueron atacados por policías de esa localidad y hombres enmascarados, dejando saldo de seis jóvenes muertos y 43 desaparecidos.
Los normalistas, como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. El día de la agresión, estos regresaban de una manifestación estudiantil que terminó en un enfrentamiento con varios cuerpos de seguridad, en protesta contra la discriminación que sufren en el reparto de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, aseguró que no se enteró de los enfrentamientos debido a que se encontraba en una fiesta. También dijo desconocer el paradero de los normalistas. A pocos días del hecho de violencia, Abarca solicitó una licencia de 30 días bajo el argumento de permitir el avance de las investigaciones; fue expulsado del Partido de la Revolución Democrática (PRD); cerró su cuenta en la red social Facebook y emprendió con rumbo desconocido para las autoridades.
A finales de octubre de 2014, la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) acusó al alcalde de Iguala de ordenar la agresión contra los estudiantes, para impedir que los jóvenes irrumpieran en un acto de su esposa. Ambos fueron arrestados en noviembre de ese año y trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
El 7 de noviembre de 2015, el entonces procurador general mexicano, Jesús Murillo Karam, anunció que un grupo de nuevos detenidos confesó haber matado a más de 40 personas, que supuestamente serían los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. Un mes después, el equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que entre los restos humanos encontrados en una fosa común en Iguala, y que les fueron entregados para analizar, se encontraron los de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.