La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que entre los tres primeros meses del año, más de 10.000 personas fueron desplazadas por el conflicto armado en Colombia, al tiempo que otras 7.300 se encuentran confinadas.

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En su informe, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó ayer sábado que más de 19.500 personas fueron afectadas entre enero y marzo por eventos naturales que han provocado desastres, mientras más de 100 se han visto perjudicados por minas antipersonales y otros artefactos explosivos no convencionales.

Una de las zonas del territorio colombiano más impactada es el municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó (noroeste), próximo a la frontera con Panamá, donde 2.055 personas tuvieron que abandonar sus casas el mes de marzo por enfrentamientos entre grupos armados dentro de los territorios selváticos.

El costo humanitario de estos enfrentamientos se refleja en el hacinamiento de las comunidades, con alto riesgo para contraer enfermedades respiratorias, enfermedad diarreica aguda, desnutrición y afecciones en la piel.

Respecto a la crisis sanitaria que vive el país debido a la Covid-19, la OCHA señaló que la cuarentena "es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables", lo que agudiza la satisfacción de las necesidades en medio de condiciones de vida muy precarias, así como el acceso a los bienes y servicios básicos para la supervivencia.

Según la OCHA, "los actores armados están utilizando las medidas preventivas de la Covid-19 como mecanismo de control social en las poblaciones vulnerables, afectadas en emergencias por desplazamientos y confinamientos, con impacto también en refugiados y migrantes".

Las medidas implementadas como parte de la cuarentena decretada en la nación, "suspendieron actividades y misiones de muchas organizaciones para brindar ayuda a las emergencias humanitarias, como medida de prevención", sin embargo, esto profundizó las demandas intersectoriales basadas en sus carencias y aumentó los riesgos en materia de seguridad.

El pasado 16 de abril, la organización internacional había alertado acerca del desplazamiento de 393 indígenas asentados en el Chocó, debido a combates entre grupos armados ilegales que operaban en la zona. Por otra parte, más de 14.000 menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales.