La organización humanitaria Tutela Legal “María Julia Hernández”, denunció este jueves en una conferencia de prensa la falta de diligencias efectivas y contundentes en la causa penal por el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero ocurrido en el año 1980 en El Salvador.

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"Estamos denunciando la impunidad de este caso judicial, ya que en el año 2017 se reaperturó la causa de monseñor Romero y han pasado ya varios años y no se han realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y para llevar a la justicia a los responsables", destacó el abogado Alejandro Díaz.

En mayo de 2017, por orden del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se instruyó la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero, y la Fiscalía General de la República (FGR) en octubre de 2018 ordenó la realización de una nueva investigación.

Durante el diálogo con la prensa, el también abogado de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, manifestó que "el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos".

En este sentido, la organización Tutela Legal refirió en su cuenta de la red social Twitter que "la violencia estructural y represiva tiene como raíz la absolutización de las riquezas y de la propiedad que lleva consigo la absolutización del poder político, social y económico" en El Salvador.

Monseñor Romero fue ultimado por un francotirador mientras oficiaba una misa en el hospital La Divina Providencia de San Salvador (capital) el 24 de marzo de 1980 debido a que arremetía contra la violencia y el irrespeto a los derechos humanos en el contexto de la guerra civil.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe presentado en 1993 a nombre de la Comisión de la Verdad, responsabilizó de ordenar el asesinato al mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).