Un total de 213 entidades de la sociedad civil de Brasil denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro por el desempeño de su administración en las cárceles durante la Covid-19.

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Entre los querellantes se encuentran el Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía, Justicia Global, el Núcleo Especializado de Situación Penitenciaria del Defensor del Estado de São Paulo, Conectas Human Rights , el Instituto Brasileño de Ciencias Penales y el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura.

Según la denuncia, existen violaciones de las normas y recomendaciones internacionales por la falta de acceso a la atención de la salud, los obstáculos a la incomunicación, los problemas en el registro de las defunciones, las rebeliones y el uso de estructuras temporales precarias para el alojamiento de los reclusos.

“La prisión brasileña perpetúa incontables violaciones de derechos, que se intensifican aún más en un contexto de pandemia”, indica el documento.

“La situación se vuelve aún más crítica cuando el Departamento Nacional de Penitenciarías descubre que dentro de los muros de la prisión la letalidad de Covid-19 es cinco veces mayor que la que aflige a la sociedad”, agregan.

Afirman los denunciantes que la ausencia de medidas para evitar la propagación incontrolada del Covid-19 dentro de las penitenciarías está culminando progresivamente en la muerte de personas privadas de libertad.

Según el recurso, la tasa de propagación en los establecimientos penitenciarios ha incrementado un 800 por ciento desde mayo. Las cifras que manejan los denunciantes son oficiales, las penitenciarías brasileñas contabilizan hasta el pasado lunes 3.482 casos confirmados y 56 fallecidos.

Brasil reporta hasta este martes más de 1,1 millones de contagiados con la Covid-19, lamentando el fallecimiento de alrededor de 52.600 de ellos.