Diversos movimientos sociales y senadores colombianos denunciaron este domingo el incendio ocasionado por policías y militares a viviendas de campesinos e indígenas en las comunidades de la vereda El Triunfo, Caquetá; y el cabildo indígena La Esperanza, San Vicente del Caguán.

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Se trata de siniestros provocados en el contexto de la Operación Artemisa, una campaña que se acomete para atenuar la deforestación en ese país suramericano.

A propósito de lo acontecido, Reinaldo Quebrada, representante legal del cabildo indígena La Esperanza, expresó que efectivos del ejército y la policía incineraron y detonaron cargas explosivas en los domicilios de dos compañeros en los territorios citados.

A lo que se añade la desaparición de cinco personas en el cabildo indígena La Esperanza, situación ante la cual solicitaron a las autoridades competentes intensificar su búsqueda y posible ubicación.

En tal sentido desde la Comisión de Derechos Humanos De Los Pueblos Indígenas se emitió un comunicado denunciando la desaparición de estos cinco indígenas, incidente que se suma a las múltiples agresiones que en los últimos meses han afectado diariamente a las comunidades indígenas del departamento y la Amazonía Colombiana, y de las cuales el Estado es completamente responsable.

En el documento igualmente hicieron un llamado a la Defensoría Del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación Colombia, Ministerio De Defensa Nacional, ONU Colombia, y demás organizaciones de Derechos Humanos, a apoyar a los Pueblos Indígenas con la búsqueda de los desaparecidos e insten al Gobierno de Colombia a proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto.

Entre los denunciantes de dichos sucesos se hallan los senadores Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, y Julián Gallo del Partido Comunes.

Precisamente desde esa formación política hicieron un llamado a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplan con las diversas medidas emitidas por la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales persiguen preservar la vida e integridad de los hombres y mujeres en proceso de reincorporación.

Además, instaron al Gobierno Nacional a pasar de la retórica a la acción y detener la creciente ola de persecución y estigmatización que cobra vidas en los hombres y mujeres que siguen apostando por la paz, la verdad y la reconciliación del país.