La organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó este lunes una denuncia por genocidio contra el presidente Jair Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por la muerte de 1.162 personas de 163 comunidades originarias durante la Covid-19.

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El coordinador jurídico de APIB y uno de los redactores de la denuncia, Luiz Eloy Terena, acusó al mandatario de llevar adelante una gestión negativa en la demarcación de tierras, la legalización de actividades en territorios indígenas y la desprotección legal.

El documento acusa a Bolsonaro de genocidio, así como de omisión de funciones en materia medioambiental y el desmantelamiento de los servicios públicos de protección social y ambiental de estas comunidades, provocado por el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales y los incendios.

El texto recoge los hechos y testimonios que acreditan la planificación y ejecución de una política explícita, sistemática e internacional, encabezada por el presidente Bolsonaro contra la comunidad indígena desde el 1 de enero de 2019, primer día de su mandato presidencial.

APIB también solicitará ante el Tribunal Penal Internacional la inculpación de Bolsonaro por un delito de lesa humanidad contra el planeta y el medioambiente, el ecocidio, a partir de las acciones o propuestas legislativas con las que el presidente brasileño intentó o causó daño directo a estas comunidades.

Brasil cuenta con cerca de unos 850.000 indígenas repartidos en más de 300 comunidades y según la APIB han sido seis los grupos étnicos más afectados por estas políticas del Gobierno de Bolsonaro. 

Denuncian que el pueblo Munduruki es víctima de invasiones, contaminación y muerte; la tierra de los Yanomami ha sido destruida por la minería; los Tikuna y Guarani-Mbya fueron diezmados por las enfermedades; mientras que los Kaingang y Guarani Kaiowá han sido objetivo de ataques y asesinatos paraquitarles su territorio.