El desmontaje de un complot: Los falsos delitos de Lula
El proceso judicial llevado contra el exmandatario ha estado repleto de irregularidades y las pruebas aportadas no han sido concluyentes para determinar la condena.
Este domingo 7 de abril, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumplió un año tras las rejas en la sede de la Policía Federal en Curitiba, estado de Paraná (sur), donde permanece confinado mientras numerosas organizaciones y movimientos sociales abogan por su liberación.
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De esta manera, partidos políticos, activistas de los derechos humanos e intelectuales del mundo reclaman su liberación y denuncian el carácter político de la persecución judicial en su contra.
Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) permanece privado de sus derechos civiles impedido de conceder entrevistas a la prensa en una estrategia que busca acallar su voz mientras la ultraderecha avanza en un programa de feroz ajuste económico.
La campaña mediática contra el exmandatario, que logró sacar de la pobreza a más de 30 millones de ciudadanos y se convirtió en un líder de alcance continental, fue muy intensa e incluso impidió de forma arbitraria que Lula participara del último proceso electoral, donde todas las encuestas evidenciaban su alto nivel de popularidad e indicaban que superaba a cualquier candidato en diferentes escenarios.
Falsos delitos
En 2017, Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Específicamente, el expresidente fue hallado culpable de aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras.
Sin embargo, según sus abogados defensores, no existe materialidad en las acusaciones contra Lula porque carecen de lógica y de consistencia. Además, señalaron que al no haber pruebas que incriminen al exmandatario, se enfrentan a un fenómeno que el derecho conocido como lawfare, basado en el abuso de las leyes del procedimiento jurídico con fines políticos.
Igualmente, indicaron que entre los vicios está el uso de los medios de comunicación por parte del juez que condenó al expresidente, Sergio Moro y el Ministerio Público para filtrar informaciones no contrastadas y acusaciones sin sustento.
Los defensores de Lula advirtieron que Moro no logra señalar cuál sería el acto de oficio, de corrupción pasiva, practicado por Lula a favor de la constructora OAS. Según la sentencia serían “actos indeterminados”.
La investigación nunca logró probar que el expresidente tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente.
Es por esto que su defensa se ha empeñado en aplicar diversos recursos y apelaciones en distintas instancias, pese a que todas han sido rechazadas por un sistema judicial viciado e influenciado por la corriente derechista que impera actualmente en la nación.
Sin embargo, el legado de Lula permanece vigente en el pueblo brasileño y abogan por su libertad. Han sido numerosos los eventos, vigilias, multitudinarias manifestaciones, conciertos y pronunciamientos de expresidentes de la región, el papa Francisco y reconocidas personalidades del mundo, no han logrado hasta el momento revertir la prisión política de Lula.
Asimismo, más de 400 juristas brasileños encuadrados en la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, abogan por la libertad del expresidente, que señalan es "víctima de injusticia y violencia practicada por el Estado, al haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en un juicio parcial y sin pruebas".