La defensa de Carles Puigdemont pidió al Tribunal Supremo de España este jueves que desactive la orden de detención en contra de su representado, por "haber sido dictada sin fundamento legal" y "carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad", entre otras razones que se presentaron mediante un documento que contradice la causa del juez instructor Pablo Llanera.

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El pasado 14 de octubre Pablo Llarena dictó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra Puigdemont, para ser enjuiciado por presuntos delitos de sedición y malversación en Cataluña, durante el proceso independentista que motivó al referéndum del 1 de octubre de 2017.

De acuerdo con la defensa de quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016-2017, se deben desactivar tanto la a orden nacional de búsquedaa, captura y encarcelamiento en contra de Puigdemont, como las dictámenes europeos internacionales que ordenan su detención, "por haber sido dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo".

Los representantes legales del expresidente catalán basan esta solicitud luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera su estatus de inmunidad.

Puigdemont ganó un escaño en el Parlamento Europeo, pero las autoridades electorales españolas le exigieron que viajara a Madrid para jurar la Constitución como paso previo a obtener su acta como eurodiputado, lo que el líder catalán, que está en Bélgica, no hizo porque habría sido detenido por la causa que tiene pendiente en el Tribunal Supremo.

El TJEU, sin embargo, estableció que las personas electas en unos comicios europeos adquieren la condición de eurodiputados de forma inmediata desde la proclamación de los resultados.