El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil prohibió el pasado jueves los interrogatorios forzosos de investigados e imputados, un recurso aplicado a los casos de la operación Lava Jato.

Con una votación de seis a cinco, el fallo del STF contra esta práctica conocida como "conducción coercitiva" ratifica que obligar a alguien a declarar es inconstitucional, a menos que ya se hayan agotado los demás recursos legales. 

El dictamen preliminar contra la conducción coercitiva fue presentado por el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes en diciembre pasado luego de que el Partido de los Trabajadores y la Orden de los Abogados de Brasil iniciaran acciones judiciales.

Este método fue utilizado en 2016 contra el expresidente Lula da Silva, cuando el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscarlo para ser interrogado por un comisario. 

Pese a la decisión, el STF aclaró que la medida no podrá utilizarse "en ninguna forma" de manera retroactiva, por lo que las declaraciones obtenidas de esta manera mantendrán su carácter legal.