Denunció que los fiscales no le concedieron su derecho a la defensa y que, cuando no hallaron cómo fundamentar sus acusaciones, recurrieron a imputaciones hechas en otros juicios y las introdujeron en la última audiencia.

Recordó que esta causa comenzó con una construcción ficticia de pagos con sobreprecio a obras no hechas, corrupción y otros elementos que configuraban una estafa monumental.

Entre estos, se difundió que el Gobierno había privilegiado al empresario Lázaro Báez en la asignación de obras públicas y que estas no se habían concluido.

Refirió que durante las audiencias, los testigos citados por los fiscales ofrecieron declaraciones que desmontan los alegatos acusadores.

Durante su exposición, Fernández presentó una serie de documentos y versiones de prensa en la cual demuestra cómo se tejieron las acusaciones en su contra.

Dentro del dossier que presentó sobre anomalías del proceso, sobresalen asuntos vinculados a empresarios, políticos y otros actores cercanos al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).

Entre estos documentos hay llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y otros que son parte de la documentación de la causa y que supuestamente estudiaron los fiscales. La vicepresidenta señaló que dichos documentos muestran un esquema de pagos con fondos públicos entre esos personajes vinculados a Macri.

Llamó la atención de que los fiscales no repararan en estos hechos, lo cual también es muestra de la gran red de operaciones en su contra y que tras esta causa hay una intención política.

Entre la documentación que mostró hay mensajes entre el empresario de la construcción y amigo de Macri, Nicolás Caputo, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Fernández dio a conocer datos sobre la obra Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que se licitó con la condición de que las empresas que ganaran el contrato aportaran el presupuesto.

Entre las compañías que lo ganaron había una cercana a Macri, y seis meses de su juramentación como presidente, durante una visita al extranjero, su vicepresidente firmó un decreto ampliando el presupuesto de la nación. 

Denunció que en esa ampliación de presupuesto se colocó el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a la que el Gobierno de Macri destinó 45.000 millones de pesos del erario público. 

Además, mostró que en esa ampliación presupuestaria se incluyeron 40 obras públicas, que entre todas movilizaban fondos cercanos a los 99.000 millones de pesos, y de esa cifra, 45.000 millones fueron a la obra que ganó la empresa cercana al exmandatario.

Manifestó que los fiscales no quisieron ver estos y otros hechos porque comenzaron a aparecer funcionarios del macrismo salpicados por la corrupción.

Partidos judiciales

La vicepresidente expresó que en Argentina "de hoy" ya no hay partidos militares para excluir, pero en su lugar están lo que llamó partidos judiciales, y declaró que por eso utilizan el lawfare (persecución judicial) no solo para estigmatizar a los peronistas, los kirchneristas y los luchadores populares, sino también para proteger a quienes roban las riquezas del país.

Dijo que se trata de los mismos jueces que sobreseyeron a Macri en la causa por las escuchas ilegales a los familiares del submarino ARA San Juan.