La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió este miércoles una demanda contra el fallo que en septiembre de  2020 ordenó el cierre de la causa penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, en 1989, con lo cual respalda pedidos para reabrirla hechos por organizaciones de derechos humanos.

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En un comunicado, el CSJ informó que la demanda es admitida ya que la Sala de lo Penal lesionó los derechos a la seguridad jurídica, a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional.

En el anuncio la Corte expuso una serie de violaciones contrarias a derecho que se cometieron por parte de la instancia que conoció del caso. Entre ellas explica que el fallo, que declaró la nulidad del proceso por razones de prescripción, no tuvo en cuenta que los hechos califican como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, la jurisprudencia los cataloga como "imprescriptibles".

Además, subrayó que se habían obstaculizado el acceso de las víctimas a la justicia y transgredido reglas procesales.

Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron mociones para que el caso Jesuitas se reabriera. En 2020, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña (Idhuca), pidió a la Fiscalía que investigara a los magistrados de la Sala de lo Penal por haber resuelto de esa manera.

Por ello, el fiscal general, Rodolfo Delgado, pidió el pasado martes a la Sala de lo Constitucional que revise el fallo, y en consecuencia fue aceptado.

Los señalados como autores intelectuales del asesinato de los religiosos son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años por este crimen.

En El Salvador únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991.