Hace 103 años, la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo creó una institución única en su estructura tripartita, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos, como muestra de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente: la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

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La Comisión, que creó la OIT como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, estaba presidida por el líder de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), Samuel Gompers, e integrada por representantes de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos (EE.UU.).

Los antecedentes de la OIT se remontan al siglo XIX, cuando los empresarios europeos Robert Owen (Gales) y Daniel Legrand (Francia) iniciaron acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales en un contexto de creciente industrialización y conflictos militares.

Posteriormente, en 1900, surge la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, logrando sentar las bases de los dos primeros convenios laborales internacionales; uno prohibía el trabajo nocturno femenino en la industria, y el otro prohibía el uso de fósforo blanco en la fabricación de cerillas. Aunque el marco de aplicación de estos acuerdos se limitaba a Europa y la opinión de los trabajadores no se tenía en cuenta, la Asociación constituyó la fase de experimentación determinante para el trabajo posterior de la OIT.

Tras 103 años, la OIT agrupa a 187 Estados miembros en medio de un escenario complejo por la rápida globalización y las graves crisis de distintas índoles que azotan a la humanidad.

Sin embargo, la Organización sigue rigiéndose por sus principios fundacionales basados en la justicia social como soporte de la paz universal y permanente, la creación de condiciones de trabajo dignas para todas las personas y la adopción de un régimen de trabajo realmente humano.

La realidad en muchos países demuestra que queda mucho por hacer todavía, sobre todo en transformar la situación de los sectores sociales más desplazados en el ámbito laboral, en lo que los Gobiernos deben jugar un papel relevante.

Los hombre jóvenes también quedan fuera

Los varones de 25 a 34 años son la franja etaria y el grupo de género más rezagado en la mano de obra de Estados Unidos, tras la crisis económica de 2008. De acuerdo con el economista de la Universidad de Zúrich, David Dorn, "en algún momento, puede darse cierto efecto de generación perdida", puesto que los hombres jóvenes han sido afectados por las elevadas tasas de encarcelamiento y de discapacidad, así como por el impacto que provocó en los salarios, la fabricación y la minería, el creciente auge de la tecnología incorporada a los procesos empresariales y la globalización.

El Ministerio de Trabajo de España destaca que el empleo de los trabajadores más jóvenes registra elevadas tasas de temporalidad (54 por ciento hasta los 29 años), con un índice de contratos a tiempo parcial de un 26 por ciento.

Los salarios también son notablemente más bajos. Frente a los 23.646 euros (25.670 dólares) de ganancia media anual por trabajador del conjunto del mercado laboral, la franja de edad que va desde 20 a 24 años gana la mitad y para las edades entre 25 y 29 años asciende solo 4.000 euros más (4.345 dólares).

Las mujeres, siempre en desventaja

En marzo de 2019, según la OIT, las brechas de género relacionadas con el trabajo no habían experimentado una mejora significativa durante 20 años. La prestación de cuidados no remunerada es uno de los motivos por el que las mujeres están fuera del mercado laboral.

Otros factores son las normas restrictivas de género y culturales, así como la penalización vinculada con la maternidad, reflejados ambos no solo en el acceso a puestos de trabajo mejor remunerados, sino también la marcada diferencia entre los salarios de hombres y mujeres aun cuando se desempeñen en igual tareas.

Durante la sesión en marzo pasado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el secretario general de la ONU expresó que "los derechos de la mujer son derechos humanos y la igualdad de género es fundamental para todos los objetivos de desarrollo sostenible".

Por su parte, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Tijjani Muhammad-Bande, declaró que ningún país en el mundo puede afirmar que ha logrado la igualdad de género y agregó que "es imposible excluir al 50 por ciento de la población. Nuestra responsabilidad común es mantener la promesa de no dejar a nadie atrás".

Migrantes voluntarios o refugiados

Acceder al mercado laboral fuera del país de origen, ya sea por movilidad propia o forzada, no está exento de riesgos, en particular posibles casos de abuso, racismo y xenofobia durante las fases de contratación y empleo, las pocas garantías de seguridad en el trabajo y la inobservancia de los derechos de los trabajadores migrantes.

Otras problemáticas a las que se enfrenta este sector, está relacionado con la falta de claridad en cuanto a su estatuto jurídico. La mayoría de las personas desplazadas por la fuerza buscan trabajo en la economía informal y deben  competir por empleos irregulares que carecen de protección.

En este contexto, el reto de la OIT consiste en seguir definiendo, mejorando y llevando a cabo su contribución tanto en las iniciativas internacionales para prestar asistencia a los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza, como a través de los conocimientos y servicios técnicos especializados que brinda a los Estados Miembros para ayudarlos a hacer frente a estos desafíos.

Un mercado laboral inclusivo

Las personas con discapacidad siguen siendo responsabilidad de las Organizaciones no Gubernamentales, cuando deberían ser una cuestión de Estado. Cifras oficiales de la OIT resultan muy elocuentes y demuestran que este es uno de los derechos más vulnerados, sólo un 32.2 por ciento de este sector en edad laboral logra acceder a un empleo.

Expertos españoles aseguran que los prejuicios y creencias estereotipadas en las empresas frenan la contratación de jóvenes con discapacidad. A ello se añaden, el nivel formativo y las barreras psicológicas de carácter intrínseco como la sobreprotección familiar, las inseguridades, la falta de confianza y el temor.

Sin embargo, en algunos contextos el tema se aborda con otras perspectivas. En 2018, la Fundación Adecco, en España, generó 6.367 empleos para personas en riesgo de exclusión social y laboral, 953 de ellos en Cataluña, un 1,2 por ciento más respecto al año anterior. De todos estos empleos, un total de 793 fueron para personas con discapacidad.

La sexodiversidad y el contexto laboral excluyente

La diversidad sexual se enfrenta a una realidad compleja, donde además de enfrentar la explotación y los trabajos precarios, deben hacer frente a la discriminación, la homo-lesbo-transfobia, que deriva en el cierre de muchas puertas al mundo laboral.

Según la primera Encuesta Nacional sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México, realizada en el 2014, el 35 por ciento de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero han sido víctimas de algún tipo de discriminación en su trabajo; el 20 por ciento de las personas de la comunidad sexo diversa enfrentan la pregunta sobre su orientación sexual o su identidad de género durante una entrevista laboral y al 14 por ciento les ha sido negado un empleo a causa de su orientación sexual o identidad de género.