La llamada "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", también conocida como "ley ómnibus", proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei, fue aprobada en lo general este martes en la Cámara de Diputados del Congreso argentino por 142 a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.

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El resultado llegó después de más de 20 horas de debate ininterrumpido, a las 08H50 hora local (11H50 GMT) de este martes y con él, la norma recibió la aprobación en general; ahora deberá ser debatida por capítulos -no por artículos, como ocurrió en febrero, cuando fracasó durante su primer intento de trámite parlamentario-.

De ser aprobada, como se espera, la "ley ómnibus" pasaría al Senado para su revisión en la Cámara Alta, donde la agrupación La Libertad Avanza, el partido ultraderechista liderado por Javier Milei, también se encuentra en minoría y donde ya sufrió el rechazo a su decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23) -aún vigente, porque resta su paso por Diputados-.

El oficialismo, que solo tiene 38 diputados en la Cámara Baja, recibió el respaldo de Propuesta Republicana (Pro, centroderecha) -la formación del expresidente argentino, Mauricio Macri-, además de la gran mayoría de la Unión Cívica Radical (UCR, centro) y Hacemos Coalición Federal (peronismo disidente y federalismo).

Por su parte, votaron en contra el bloque peronista Unión por la Patria, la izquierda y algunos federalistas, y se abstuvieron varios 'radicales'.

Por esa formación,  la minoría más numerosa del hemiciclo, el diputado Leopoldo Moreau dejó claro que "en Argentina hay una oposición", liderada por su formación, y expresó su deseo de que "los demás se vayan dando cuenta de que tienen que cruzarse de vereda a tiempo".

"Hay que dar gobernabilidad a una sociedad que está a la intemperie, abandonada por políticas deshumanizantes, por un Estado que no funciona para nada. Este anarcocapitalismo va a terminar en anarquismo", afirmó en alusión a la fórmula empleada por Milei para hablar de su ideología.

La "ley ómnibus" por la cantidad de artículos (si bien hoy suponen un tercio del proyecto original, que pasaba de 600) y la magnitud de las reformas que plantea, es la herramienta con el que el Ejecutivo de Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado.

En ella, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dando al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.  Tras el fracaso parlamentario en febrero, el oficialismo abrió intensas negociaciones con la denominada oposición 'dialoguista' para acercar posturas con vistas a la aprobación de este texto.