El Sistema Integral para la Paz de Colombia, el cual integran la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitaron al Gobierno nacional actuar como facilitador de diálogos humanitarios con grupos armados ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Arauca.

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Se trata de una situación que deriva del enfrentamiento entre distintas facciones armadas, especialmente las disidencias de las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde en lo corrido del año se registran al menos 34 homicidios en esa región señaló un comunicado emitido por la JEP.

El documento de la JEP agrega que este estado de inseguridad, al que se suman amenazas contra la población civil, persiste en casi todo el departamento, especialmente en los municipios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital, y Cubará (Boyacá), en calidad de territorios más afectados.

A lo cual se añaden 269 declaraciones de desplazamiento forzado, que han incidido en más de 1.000 personas; dos secuestros; confinamiento de comunidades indígenas; amenazas de carácter general a líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), así como también situación de riesgo constante para personas en proceso de reincorporación.

El texto de la JEP asevera que urge analizar las causas más profundas del conflicto social y armado, así como abrir espacios de dialogo que busquen resolver los altos índices de violencia, los cuales exigen una respuesta humanitaria para prevenir más ataques en contra de la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de Arauca.

El llamado del Sistema Integral para la Paz solicita dejar fuera del conflicto a los migrantes, detener la instalación de trampas explosivas, minas y municiones; así como también a divulgar de manera amplia y objetiva la situación de Arauca para unir voces en un rechazo rotundo y demanda de cese inmediato de esta nueva violencia; y promover el acompañamiento de la iglesia católica como eventual mediador del conflicto.

Entre los sucesos de violencia perpetrados en el departamento de Arauca se recuerda el del pasado 19 de enero, donde se detonó un coche bomba en el municipio de Saravena, que cobró la vida de un agente de vigilancia y ocasionó heridas a cinco líderes sociales del territorio, quienes estaban reunidos en el edificio contiguo al lugar de los hechos.

Fenómeno que no es exclusivo del departamento de Arauca, pues a tenor de información aportada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del 2022 se ha registrado el asesinato de nueve líderes sociales, y se han perpetrado diez masacres en Colombia.

Cifras en las cuales Arauca, donde apuntan que las causas de la violencia trascienden a los choques entre grupos armados irregulares por el control de rentas en la frontera, tiene un alto grado de incidencia.