La violencia en Colombia contra las comunidades indígenas asediadas por grupos armados irregulares, algunos vinculados al crimen organizado, se cobró nuevas víctimas luego que una lideresa social en una zona rural de Antioquía resultó muerta tras caer en campos minados, denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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De acuerdo con la denuncia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), se trata de un área en la cual operan las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y remanentes de grupos rebeldes, entre otros, responsables de la instalación de minas antipersonales.

El más reciente hecho ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando Horacio Carupia Paternina, de 22 años de edad, perdió una pierna al pisar un artefacto explosivo.

Antes, el domingo 20 de junio, Remilda Benítez Domicó, una mujer indígena perteneciente a la comunidad Bachidubi del municipio de Murindó en Antioquia, perdió la vida en un campo minado, mientras estaba acompañada de una de sus hijas, quien sobrevivió.

La OIA confirmó que la menor sobrevivió a la explosión de la mina, dejándole heridas que requieren seguimiento médico.

De acuerdo con Indepaz, con el fallecimiento de Benítez Domicó suman 81 líderes sociales y defensores de los DD.HH. asesinados en 2021 y 1197 dentro de la firma del Acuerdo de Paz. 

Por las amenazas de los grupos armados ilegales y la resiembra de minas antipersonal, once comunidades indígenas están en riesgo en Antioquia.

Según la denuncia de la OIA estarían sembrando los artefactos explosivos para mantener intimidados a los ancestros y así lograr el control de sus territorios para cometer sus ilícitos.

Según la OIA, desde 2020, este tipo de explosivos ha dejado un saldo de nueve personas muertas, cuatro de ellas menores, seis personas heridas, dos de ellas mutiladas.