La Fiscalía General de la Nación anunció este martes que citará al excomandante del Ejército Nacional de Colombia, Nicacio Martínez Espinel, para ser interrogado sobre su presunta relación con una serie de interceptaciones y escuchas telefónicas ilegales a unas 130 personas.

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El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, significó que la declaración de Nicacio Martínez es de suma importancia para la investigación que se lleva a cabo acerca de las recientes "revelaciones" sobre "presuntos perfilamientos ilegales" a periodistas, defensores de derechos humanos, al entonces secretario general de la Presidencia, a un asesor del Alto Comisionado para la Paz y a personas de confianza del presidente, Iván Duque.

Durante el ejercicio de las funciones del exmilitar al frente de las fuerzas de seguridad de Colombia, entre febrero y diciembre de 2019, estas unidades se valieron de herramientas informáticas y de software para buscar y recolectar "masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar", según revelaron medios de prensa colombianos, quienes agregaron que estas acciones ilegales se realizaron mediante la cooperación estadounidense.

El excomandante aseguró que su desempeño siempre se mantuvo "dentro del marco de la ley" y que "nunca" había dado una orden de "seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, políticos, magistrados, miembros el alto gobierno o cualquier otra persona que represente una institución del Estado".

En anteriores ocasiones, la Fiscalía y la Procuraduría del país le han abierto otras investigaciones relacionadas con el supuesto encubrimiento de la muerte de civiles a manos de militares, hace más de diez años, durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Martínez Espinel iba a ser nombrado agregado militar de la Embajada de Colombia en Bélgica, por lo que sería interlocutor del país suramericano ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Martínez fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006, donde habría firmado pagos irregulares por el testimonio de informantes que aportaban datos para realizar las operaciones militares durante las que, en 2005, se realizaron 23 ejecuciones por parte de esa brigada en 2005.

De acuerdo con la información difundida por la Revista Semana, 130 personas han sido objeto de “perfilamientos y seguimientos” con informes sobre su vida y sus actividades para un fin militar, entre ellas, periodistas nacionales y extranjeros, jueces, defensores de derechos humanos, abogados, políticos, exfuncionarios y funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, emitió el pasado lunes un comunicado en el que expresa apoyo y solidaridad con el trabajo de las personas investigadas, que trabajan a favor de los derechos humanos en la nación suramericana.