El incremento de los contagios al interior de las prisiones en Colombia ha motivado que familiares de los internos se mantengan en las afueras de la sede del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Colombia, exigiendo que mejoren las condiciones sanitarias de las instalaciones ante la pandemia de la Covid-19.

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Organizados en el Movimiento Nacional Carcelario, los privados de libertad y sus familiares emitieron un comunicado con una serie de demandas, que incluyen el establecimiento de una mesa de diálogo con representantes del ejecutivo, a fin de discutir acciones en ese sentido.

Entre las medidas que se exigen están la excarcelación anticipada de varias categorías de reos, a fin de aligerar las poblaciones penales, así como acciones higiénico - sanitarias que actualmente no se aplican o que son insuficientes ante la crisis sanitaria ante el nuevo coronavirus.

Entre estas se encuentran la creación de puntos de desinfección, distribución entre los internos de gel antibacterial y mascarillas faciales, así como mantener servicio de agua potable las 24 horas del día, entre otras.

“El Estado no solo ha sido negligente al implementar las medidas de prevención del contagio masivo dentro de las prisiones, sino que también ha habido toda una restricción de derechos”, expresó la abogada Gloria Silva, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, una de las organizaciones que acompaña a los protestantes.

Sobre la respuesta gubernamental a las demandas, la jurista expresó: “El silencio absoluto, la indolencia y la negligencia. Esa ha sido lamentablemente la respuesta del Estado desde el inicio; todas las peticiones que se han venido realizando, incluso de manera anticipada con el fin de evitar toda esta tragedia que se está viviendo hoy en las cárceles del país”.

“Lamentablemente lo que están demostrando todas las autoridades estatales es que la población privada de la libertad y sus familias tienen muy poco valor para ellas. Lo que se ha implementado es la segregación y el despojo de todo derecho”, agregó.